Por: Guillermo Salas Razo

 

La reciente propuesta de reducir en $628 millones de pesos el presupuesto asignado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para el año 2026 (dejándolo en $4,793 millones), representa una decisión sumamente cuestionable desde la óptica de la gestión de riesgos biológicos.

Esta disminución presupuestaria propuesta en el Paquete Económico 2026 se interpreta como una negligencia estratégica o miopía presupuestaria, dado que compromete la eficiencia operativa de la entidad encargada de proteger la sanidad agropecuaria.

Este ajuste no solo contradice la lógica de la inversión pública, sino que pone en una situación precaria el principal activo de la ganadería nacional: su estatus sanitario, el cual es esencial para el comercio exterior y la estabilidad de la cadena de suministro de alimentos.

En el ámbito académico y científico, entendemos que la sanidad no es un gasto operativo prescindible, sino una inversión estratégica con un alto retorno (ROI).

Los programas de vigilancia activa, cuarentena y erradicación son, pólizas de seguro económico, por lo que reducir la capacidad de SENASICA es desmantelar el muro de contención que protege nuestra economía ganadera y la salud pública.

Esta decisión es particularmente grave en un momento donde el Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), una plaga erradicada en gran parte del país, ha resurgido con fuerza.

La lucha contra esta plaga requiere de vigilancia continua, laboratorios de diagnóstico en tiempo real, recursos logísticos robustos y, crucialmente, la aplicación especializada de técnicas de contención como el uso de la Técnica del Insecto Estéril (TIE).

Al recortar esos 628 millones de pesos del presupuesto, se reduce la capacidad operativa de estas tareas esenciales, esto implica una menor cobertura de muestreo, un retraso en la respuesta a focos de infección y un debilitamiento de las barreras fronterizas.

Y en un escenario de brote masivo, el Valor Esperado de la Pérdida (VEP) en términos de producción cárnica, costos veterinarios y mortalidad animal superará exponencialmente el ahorro fiscal proyectado.

La sanidad es nuestra moneda de cambio en el comercio internacional de productos pecuarios, y el estatus de zona libre o de baja prevalencia que México ha ganado con esfuerzo, es un activo estratégico validado por nuestros socios comerciales clave como Estados Unidos.

Por eso, al debilitar a SENASICA, se pone en riesgo la certidumbre regulatoria y se generan medidas para-sanitarias por parte de los países importadores (cierres de fronteras, inspecciones más rigurosas, requisitos de cuarentena), lo que equivale a una barrera no arancelaria inmediata.

Seamos empáticos con nuestros ganaderos, que ya lidian con la inclemencia del cambio climático (sequías que limitan el forraje), la inflación en los costos de insumos y la falta de financiamiento, pues serán ellos quienes tendrán que soportar el golpe final de este recorte presupuestal.

Descapitalizar al órgano rector de la sanidad nacional, es incumplir la función de protector del bien común agropecuario por parte del Estado, aumentando la vulnerabilidad de miles de familias.

Por eso, desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo “hago un llamado urgente a la reconsideración de esta propuesta”, pues es imperativo que el Gobierno y el Poder Legislativo entiendan que el presupuesto de SENASICA es un componente crítico de la infraestructura de seguridad nacional.

La sanidad no negocia; la sanidad se financia. El futuro de nuestra ganadería, su capacidad para alimentar a la nación y competir globalmente, está intrínsecamente ligado a la solidez y solvencia de su sistema sanitario.

 El rigor científico exige la prudencia financiera, no la negligencia, #Palabra_de_Nicolaíta.