“Quien acusa, carga la prueba”: Jueza Gabriela Salcedo denuncia rezago, presuntos delitos y discriminación

En medio de manifestaciones realizadas frente a la sede del Poder Judicial en Morelia, la Jueza Penal Federal Electa por Michoacán, Gabriela Salcedo Manzo, rompió el silencio y lanzó un mensaje directo a sus denunciantes: “quien acusa, carga la prueba”. La juzgadora calificó como falsos y contradictorios los señalamientos de acoso formulados por dos trabajadoras de su ponencia y una presunta líder sindical, y sostuvo que el trasfondo del conflicto es una investigación interna por rezago extremo y posibles irregularidades administrativas.

Salcedo Manzo afirmó que, tras asumir el cargo, realizó un diagnóstico que evidenció inconsistencias en el acta de entrega-recepción. Aunque se reportaron alrededor de 400 promociones pendientes, el análisis interno reveló más de mil asuntos sin atender, lo que —dijo— refleja un rezago histórico y sistemático en la ponencia.

Entre los expedientes detectados se encontraban asuntos radicados desde 2020 relacionados con derechos de salud y libertad de personas privadas de la libertad. La jueza señaló que dichas omisiones impactaron directamente en derechos humanos fundamentales y podrían constituir faltas graves en el ámbito administrativo e incluso penal.

La funcionaria aseguró que su llegada tuvo como objetivo imponer orden en lo que describió como un entorno de desorganización y baja productividad. Según expuso, mientras la media nacional genera entre 20 y 30 acuerdos diarios por oficina, las trabajadoras señaladas apenas alcanzaban un promedio de 1.5 acuerdos por día desde su incorporación, sin justificación documentada.

El conflicto escaló cuando, de acuerdo con su versión, se detectó la presunta sustracción de computadoras portátiles —bienes propiedad de la Nación— a las 3:30 de la mañana y sin autorización. Los equipos contienen información sensible de casos de relevancia nacional, por lo que se dio vista a la Fiscalía General de la República para que investigue los hechos.

En relación con la presunta líder sindical que ha acompañado las protestas, la jueza cuestionó la legitimidad de su representación, al señalar que no ha acreditado formalmente la pertenencia de las trabajadoras a dicha organización. Consideró que el respaldo público forma parte de una estrategia para desacreditar su gestión.

Respecto a las acusaciones de acoso laboral y versiones sobre supuestas “sesiones de tarot” en oficinas judiciales, Salcedo Manzo sostuvo que se trata de distractores. Aclaró que el hecho referido corresponde a la visita de una amiga durante horario de comida, por un lapso no mayor a diez minutos.

La jueza informó además que presentó quejas ante la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual (UPCVLAS), a fin de que se investigue la conducta de las trabajadoras por las vías institucionales correspondientes.

En un señalamiento de mayor gravedad, denunció haber sido víctima de violencia y discriminación por su adscripción indígena. Afirmó que intentaron deslegitimar su autoridad con expresiones que cuestionaban que “los indígenas no debían mandar”, lo que, de acreditarse, podría configurar actos discriminatorios prohibidos por la ley.

Finalmente, Salcedo Manzo reiteró que actuará bajo el mando de su investidura para proteger la integridad del órgano jurisdiccional y la confianza ciudadana. Subrayó que su trayectoria de más de 15 años en el servicio público respalda su actuación y aseguró que acudirá a todas las instancias necesarias para que prevalezca la legalidad y la verdad.