Destaca Lucila Martínez trabajo legislativo de impacto social en el 2019

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Iniciativas de impacto social enfocadas al ejercicio profesional, seguridad y cuidado de patrimonio, así como proteger y resguardar los derechos alimentarios, destacan en el trabajo legislativo del 2019, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez en su primera rueda de prensa del año, donde dejó en claro que continuará como hasta ahora trabajando desde la posición que actualmente ocupa en la Legislatura.

La diputada calificó como una de las iniciativas más relevantes la Ley de Profesiones para el Estado de Michoacán, que  permitirá a la Dirección de Profesiones del Estado de Michoacán emitir las cédulas y tener un registro de instituciones públicas y particulares a partir de nivel Bachillerato, a fin de contar con los antecedentes de estudiantes y egresados, lo que a su vez permitirá cerrar la puerta a la expedición de títulos apócrifos.

Asimismo, se podrá contar con más colegios de profesionistas por cada rama del conocimiento que contribuirán a la actualización profesional, que derivará en una mejor y mayor calidad de servicio.

Entre otros beneficios, esta iniciativa presentada por la legisladora también tendrá un impacto en disminución de los costos para los profesionistas que requieren del documento profesional al poderla adquirir en la entidad, y al ser una de las ocho que ya expedirán cédulas facilitará el tránsito de los profesionistas, ya que también se considera firmar un convenio de colaboración para tal efecto.

En otro tenor, pero no menos importante fue la aprobación en 2019 la reforma al artículo 204 del Código Penal, que a propuesta de Martínez Manrique señala que respecto del robo calificado grave, y que implica el aumento a 10 años de prisión si el robo se comete con la participación de empleados bancarios se castiga a quienes participen en este ilícito.

A las anteriores se suma la reforma al artículo 182, del Código Penal, respecto de la solvencia simulada, que permitirá sancionar al empleador que oculte el salario real del empleado que adeuda pensión alimenticia, de lo contrario se castiga con 1 a 3 años de prisión 400 a 700 días de multa.