Morelia, Michoacán.-  “La seguridad es el reto más urgente” para Michoacán, advirtió el diputado priista Guillermo Valencia Reyes en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, al recordar que siete de cada diez michoacanos se sienten inseguros y que la violencia no puede ni debe normalizarse.

Desde la tribuna legislativa, el legislador demandó acciones específicas, mayor coordinación con la Federación y una estrategia contundente para enfrentar al crimen organizado.

Valencia destacó que los municipios claman por protección y paz, condiciones indispensables para atraer inversiones y desarrollo. En ese contexto, recordó la cifra trágica de alcaldes ejecutados durante los últimos cuatro años y llamó a no minimizar la amenaza que representan fenómenos como las minas terrestres o los ataques con drones, que ya han cobrado la vida de militares, jornaleros, maestros y habitantes de comunidades enteras.

El legislador relató que desde 2022 había advertido sobre zonas minadas en regiones como Cotija y Apatzingán, sin que se atendiera oportunamente la situación. “Hoy los muertos se cuentan por decenas. No podemos normalizar la violencia ni permitir que territorios completos sean dominados por el narcoterrorismo”, sentenció.

En ese mismo sentido, alertó sobre la presencia de redes criminales transnacionales, con grupos provenientes de Colombia y Venezuela que se disputan territorio michoacano. Aseguró que esta situación constituye también una violación a la soberanía nacional y exige la intervención urgente del gobierno federal.

Valencia lamentó que la violencia alcance de manera particular a la niñez y juventud. Señaló que, en el último ciclo escolar, 120 menores de edad perdieron la vida víctimas de la inseguridad, una cifra que calificó como inaceptable. “Un ciclo escolar completo debería medirse no solo por clases impartidas, sino por el hecho de que ningún estudiante muera asesinado”, dijo.

Para revertir la situación, el diputado propuso fortalecer las bases de operaciones mixtas e interinstitucionales en puntos estratégicos, invertir en tecnología de seguridad como cámaras de videovigilancia y sistemas de comunicación funcionales, así como dotar de equipamiento especializado para la detección de minas terrestres y la neutralización de drones criminales.

Finalmente, Valencia afirmó que los derechos humanos también están en deuda, pues persisten centenares de quejas contra dependencias estatales. Reiteró que los michoacanos merecen resultados y no discursos, y llamó a que los dos años restantes del actual gobierno marquen un cambio real: “Ya no hay pretextos. Ha llegado el tiempo de recibir y de exigir resultados porque Michoacán merece seguridad, oportunidades y un futuro diferente”.